La concejala Peña Armas y los otros dos detenidos en la operación contra la corrupción en Fuerteventura quedan en libertad

El Juzgado de Instrucción Nª 3 de Puerto del Rosario (Fuerteventura), que tutela las investigaciones de la 'operación ODÍN', ha dejado en libertad a los tres detenidos este jueves - la concejala Peña Armas Hernández, un empresario familiar de la política, C. Armas, y un técnico municipal, J. L. E. M- por su presunta implicación en la adjudicación "irregular" de 36 contratos menores de obras y servicios entre los años 2021 y 2023, por un presupuesto superior al millón de euros, informa Europa Press.

Según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), estas detenciones se practicaron de oficio por parte de la Policía Nacional, con el fin de que los investigados "no interfirieran" en las entradas y registros que se llevaron a cabo al mismo tiempo.

Por ello, una vez finalizadas esas diligencias, estas personas han sido puestas en libertad y la autoridad judicial acordará en su momento su citación en sede judicial. Actualmente el secreto de sumario está alzado para las partes.

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Nueve investigados más

En esta operación, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, investigan también a otras nueve personas, además de los tres que han quedado en libertad, por la presunta adjudicación "irregular" de 36 contratos menores de obras y servicios.

Según expuso la Policía Nacional en un comunicado, esta investigación judicial tiene su origen en una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción para indagar en la conducta "continuada", presuntamente irregular, de adjudicar 36 contratos menores de obras y servicios entre los años 2021 y 2023.

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Las entradas y registros realizados, matizan, buscan obtener efectos o evidencias sobre los contratos bajo investigación presuntamente constitutivos de delito de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.